Con información de Telemundo 51.

La Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos dictó un histórico fallo judicial a favor de los antiguos propietarios de bienes comerciales que fueron confiscados por el régimen de Fidel Castro hace más de 65 años en la isla. Mediante una contundente votación de ocho votos contra uno, los magistrados ordenaron reabrir las demandas civiles interpuestas por la corporación estadounidense Havana Docks. El litigio va dirigido de forma directa contra cuatro de las líneas de cruceros más grandes del mundo, acusadas de lucrarse ilegalmente utilizando infraestructura portuaria expropiada.

El magistrado Clarence Thomas, encargado de redactar el dictamen del Tribunal Supremo, determinó que la corte federal de apelaciones de Atlanta incurrió en un error jurídico al desestimar las demandas originales. El fallo judicial establece que las corporaciones de transporte marítimo Carnival, Norwegian, Royal Caribbean y MSC Cruceros utilizaron bienes confiscados sobre los cuales Havana Docks mantiene la legítima titularidad de derechos. El caso legal se fundamenta en el Título III de la ley federal Helms-Burton, una disposición aprobada por el Congreso que permite demandar a firmas que trafiquen con propiedades expropiadas.

La reactivación de este articulado legal representa un giro drástico en la política comercial de la región costera, dado que todos los mandatarios anteriores a Donald Trump habían suspendido su aplicación para evitar disputas con los aliados internacionales. Durante el periodo de apertura diplomática de la administración de Barack Obama, las empresas turísticas recibieron licencias del Tesoro para desembarcar pasajeros en la terminal de La Habana. Sin embargo, la jueza federal de Miami, Beth Bloom, dictaminó que dichos permisos gubernamentales no eximían a los cruceros de responsabilidad, otorgando una indemnización inicial de 400 millones de dólares.

El expediente judicial regresa ahora a los tribunales de apelación de Atlanta para resolver los argumentos secundarios de la defensa de las navieras. Este triunfo legal de Havana Docks se concreta en un contexto de máxima presión de la Casa Blanca contra las finanzas del Partido Comunista de Cuba, coincidiendo de forma directa con el despliegue de un portaaviones en el Caribe y la orden de arresto contra Raúl Castro. Las empresas de cruceros, que cancelaron de forma apresurada sus escalas en la isla en 2019 tras las primeras sanciones de Trump, enfrentan ahora un escenario de compensaciones financieras multimillonarias.