Con información de El Nuevo Herald
Una intensa disputa reglamentaria estalló en el Concejo Municipal de Hialeah luego de que varios propietarios de larga data exigieran cambiar la ordenanza que prohíbe estacionar barcos en casas adosadas.
Los residentes comparecieron durante más de 35 minutos en la audiencia pública para calificar la normativa de carga económica injusta e insensible contra la clase trabajadora. El vecino Miguel Pita relató entre lágrimas que, tras pasar 19 años estacionando su embarcación en su townhouse de Palm Springs North, ahora enfrenta citaciones y multas por una ley radical.
La polémica ordenanza fue aprobada originalmente en el año 2024 bajo la administración del entonces alcalde Esteban Bovo Jr., permitiendo el resguardo de vehículos recreativos y botes de menos de 24 pies de largo únicamente en viviendas unifamiliares, pero vetándolos por motivos de seguridad en los dúplex y complejos habitacionales tipo townhouses.
Los vecinos afectados argumentaron ante los comisionados que sus embarcaciones no obstruyen las aceras ni entorpecen el tráfico vehicular de las calzadas urbanas, señalando que pagar un estacionamiento privado externo es un gasto prohibitivo.
El actual alcalde de Hialeah, Bryan Calvo, defendió la ejecución de los operativos civiles explicando que la administración está obligada a aplicar las leyes de la ciudad a todos los residentes por igual. Calvo reveló que él mismo formaba parte del concejo cuando se aprobó la restricción y tuvo que vender su propia embarcación para evitar ser multado por los inspectores de código. Las estadísticas oficiales desclasificadas arrojaron que bajo la gestión de Calvo ya se han emitido 122 advertencias por vehículos recreativos y 46 avisos de infracción en los barrios.
A pesar de los reclamos vecinales en las pantallas del ayuntamiento, el concejal Luis Rodríguez presentó una moción para modificar la ley, pero ningún comisionado secundó la propuesta, quedando el cambio completamente descartado.
El alcalde Calvo aclaró al noticiero que los propietarios sancionados disponen de un plazo de 60 días para tramitar una solicitud de excepción individual ante la Junta de Planificación. El costo del papeleo burocrático oscila entre los 750 y los 1.000 dólares por inmueble, aclarándose que la transferencia del dinero no garantiza la aprobación final.