Con información de Noticias Telemundo
Una investigación periodística de la agencia Associated Press reveló que las detenciones de ciudadanos inmigrantes se triplicaron en Florida tras el inicio del segundo mandato de Donald Trump.
Los balances estadísticos del Deportation Data Project de la Universidad de California en Berkeley confirmaron que casi 39.000 indocumentados fueron arrestados en el estado en un periodo de 416 días. Estas métricas expansivas superan con creces las 11.088 detenciones registradas durante los últimos meses de la gestión demócrata de Joe Biden.
El repunte de las capturas se ejecuta de forma silenciosa en las autopistas, donde las patrullas locales recurren al pretexto de luces traseras rotas o vidrios ahumados para detener los autos y entregar los choferes a ICE. La ofensiva judicial está amparada en los polémicos acuerdos federales 287(g) promovidos de forma unánime por el gobernador republicano Ron DeSantis.
Bajo estos ordenamientos de resguardo fronterizo, un total de 347 agencias estatales de Florida recibieron plenos poderes para realizar labores de control migratorio e interrogar a los detenidos.
El informe de prensa documentó abusos graves cometidos por organismos atípicos como la Comisión de Pesca y Vida Silvestre de Florida (FWC), cuyos agentes arrestaron con cargos falsos a un asilado guatemalteco que paseaba a su perro en un parque de Bonita Springs. Asimismo, patrullas del sheriff del condado de Lee detuvieron y deportaron en solo una semana a un padre y a su hijo en Fort Myers valiéndose de una placa supuestamente vencida. Abogadas especializadas denunciaron que los policías están arrestando a cualquiera para mostrar números y cumplir con las exigencias políticas de DeSantis.
La controversia escaló a los tribunales del norte del país tras confirmarse que las dependencias policiales de Florida están rechazando de forma rotunda las solicitudes de registros de arrestos y videos de cámaras corporales.
Siguiendo instrucciones confidenciales del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), las comisiones locales invocan razones de seguridad para violar las leyes de transparencia de la Ley Sunshine. El Gobierno federal justificó el hermetismo de las cajas electrónicas señalando que no revelará material de inteligencia vinculado a los planes de deportaciones masivas en verano.