Con información de CNN.
La Procuraduría General de Colombia apartó de forma provisional de su cargo a la representante oficialista a la Cámara, Gloria Arizabaleta. El Ministerio Público tomó la determinación fulminante tras confirmar que la congresista del Pacto Histórico pudo haber incurrido en el delito de prevaricato por acción al ordenar la suspensión del presidente Gustavo Petro.
Las autoridades judiciales sancionaron a la funcionaria con una inhabilitación que se extenderá hasta el próximo 20 de julio.
La controversia institucional se desencadenó luego de que Arizabaleta, actuando como presidenta de la Comisión de Investigación de la Cámara, dictara una medida cautelar inválida para sacar a Petro de la jefatura de Estado. La legisladora argumentó de forma unilateral que existían serios indicios de que el mandatario estaba interviniendo ilegalmente en política para favorecer al candidato izquierdista Iván Cepeda.
Sin embargo, la Constitución establece taxativamente que la Comisión de Acusaciones carece de facultades y solo el Senado puede suspender a un presidente.
El presidente Petro desmintió los señalamientos desde las pantallas de la ONU en Nueva York, defendiendo que sus mensajes en redes sociales forman parte de sus derechos civiles fundamentales.
El mandatario denunció que el abogado de la congresista Arizabaleta trabaja de forma directa para su rival de centroderecha, Abelardo de la Espriella. El ministro del Interior, Armando Benedetti, calificó la jugada de despropósito jurídico, mientras que la oposición acusó al gobierno de armar un teatro de victimización.
El fuerte choque de poderes en Bogotá se suscita a once días para la celebración de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del 21 de junio. Las encuestas de los distritos confirman que el abogado Abelardo de la Espriella lidera las bitácoras con 10,3 millones de votos, seguido por el senador Iván Cepeda con 9,7 millones. Mientras los alcaldes de los condados exigen resguardar el orden de las calzadas viales, las familias de la clase trabajadora temen que la crisis institucional provoque disturbios callejeros y paralice el comercio en verano.